Esta semana se han celebrado en España numerosos
actos conmemorativos del 39 aniversario de la proclamación de la Constitución
Española de 1978, actualmente en vigor. Conocida también como Ley Fundamental o
Carta Magna ha servido a lo largo de estos años para mantener un complicado
equilibrio entre todos los españoles que últimamente se ha visto profundamente alterado
por algunos hechos de calado como los procesos secesionistas en una comunidad
autónoma o el asunto de las concesiones en materia económica a otra.
Hay que tener en cuenta que muchos de los
españoles que viven bajo sus disposiciones ni siquiera habían nacido cuando se
promulgó. Por otro lado, las condiciones sociales cambian hoy en día a un ritmo
vertiginoso con lo que no pudieron ser contempladas en su día y cuesta un
cierto trabajo encajarlas. Por estos y otros motivos, parece que hay un cierto
consenso generalizado entre la sociedad española de que hay que cambiar la
Constitución, se entiende que para mejorarla, claro está. Bajo presiones de la
Comunidad Económica Europea por asuntos económicos se modificó el artículo 135 de
forma exprés, de la noche a la mañana, casi sin que nos enterásemos.
Ya hace años se produjo una situación similar en la que otra
comunidad autónoma llevó adelante con mucha fuerza su posible separación del
conjunto de España. Tras muchos dimes y diretes, la cosa no llegó a mayores
porque en el último momento, cuando las cosas se empezaban a poner demasiado
tirantes, imperó la cordura y se paró el asunto. Pero en ese momento había que
haber tomado buena nota y empezar a poner, de forma pausada y tranquila, las
correcciones necesarias para que no se volvieran a producir estos escarceos. No
se hizo y el resultado es que se han producido de nuevo en otra comunidad
autónoma y con una virulencia que todavía no ha finalizado y que veremos por
donde transita.
Después de 39 años parece que ya toca adaptar la Constitución
a la realidad y quizá pensar en que a partir de ahora estos cambios se
produzcan de forma paulatina para irla adecuando a la realidad que como ya he
mencionado es muy cambiante. Cuando se aprecian los primeros síntomas de una
enfermedad es cuando hay que tratarla, no limitarse a los más
significativos, sino aprovechar para hacer una revisión en profundidad.
Hay muchos temas que preocupan a los españoles, unos más a
algunos y otros menos a otros. Pero hay cosas que no gustan en la actualidad y
que habría que hablar de ellas para tratar de llegar a un consenso que se
presume muy difícil, porque las condiciones actuales no son las mismas que
tuvieron los llamados Padres de la Constitución al elaborarla, recién salidos
de cuarenta años de dictadura y con más de una espada de Damocles sobre sus
cabezas por determinados estamentos sociales que seguían en activo y sin muchas
ganas de cambiar el sistema.
Visto lo visto, parece que el cambio más
urgente es la reordenación de la organización territorial. Aquel «café para
todos» que imperó en la Transición no ha tenido buenos resultados con el paso
de los años. Pero no por ser el más urgente debe ser el único que se acometa. Hay
ciertos aspectos de la vida nacional que han quedado tocados seriamente y que
podrían llevar a plantear una recentralización de los mismos, en la creencia
por parte de muchos de que no deberían haberse cedido ciertas competencias. Los
graves hechos acaecidos en Cataluña entre fuerzas de seguridad del estado «centrales»
y «autonómicas» son un ejemplo que evidencia el problema. Por no hablar de
asuntos como la educación o la sanidad. Hay cosas que, en mi opinión, no pueden
repartirse como si fueran chocolatinas porque conducen a situaciones de clara
diferenciación entre ciudadanos. No quiero hablar de la educación, que daría
para mucho, pero sí de que no es de recibo que un español de Madrid por ejemplo
tenga problemas para obtener medicamentos en Cantabria por los diferentes
tratamientos que ambas comunidades realizan a sus gestiones en esta materia.
En todo caso, la realidad del día a día
se impone y la Constitución, como cualquier ley, debe ser consecuentemente
adaptada a la realidad. Lo básico en la vida de un ciudadano, su vivienda, su trabajo,
su educación o su sanidad son cuestiones de las que se habla en la Constitución
como derechos pero que no se han desarrollado ni se perciben como solucionados
con la suficiente rotundidad. Y es que cuando una persona tiene todas esas
cuestiones básicas cubiertas, ya puede pensar en hacerse del Madrid, del Atleti
o del Barcelona.
Las leyes no son eternas ni inmutables.
Nacen, tienen su recorrido y son derogadas ─abrogadas─ siendo sustituidas por
otras. Es ley de vida. La primera constitución española, la «Pepa», aprobada el
19 de marzo de 1812 no sigue vigente hoy en día. Aun sumiendo por parte de todos
que los cambios son necesarios, a nadie se le escapa que es un reto extremadamente
complicado. Se necesita una reforma en profundidad, valiente, creativa. ¿Quién
o quienes la llevan adelante? En una primera aproximación parece que sería la
(desprestigiada) clase política de nuestro país la encargada de acometer estos
cambios. No me parece que sean los más adecuados, cuando a lo largo de estos
casi cuarenta años los dos partidos políticos que nos han gobernado de forma
alternativa han hecho de su capa un sayo y los emergentes en los últimos años
están dando unos tumbos que asustan al más pintado.
Llevamos años mirando para otro lado y no
haciendo caso a las señales que la vida actual nos va brindando. Y no es cuestión
de tapar la herida con un poco de mercromina y un esparadrapo dando un
tratamiento (insolidario) especial en materia económica a una comunidad en
detrimento de otras. Eso ha quedado demostrado que es pan para hoy y problemas
para mañana.
Así pues… ¿Quién pone el cascabel al
gato?
