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sábado, 27 de mayo de 2017

MOROSOS



¿Soy moroso? No sabría responder con exactitud a esta pregunta porque lo que yo suponía que significaba este vocablo en realidad no es así. La escritura de entradas en este blog supone una oportunidad, una necesidad, de consultar el diccionario, una práctica que me resulta enriquecedora. Resulta que «moroso» significa «que incurre en, denota o implica morosidad», por lo que hay que buscar «morosidad» que a su vez significa «lentitud, dilación, demora, falta de actividad o puntualidad». Con esto, llamar a alguien moroso es incorrecto según los planteamientos anteriormente conocidos por mí y lo que habría que utilizar realmente es deudor moroso.

Repitiéndome la pregunta inicial esta vez bien formulada, ¿soy un deudor moroso?, no sabría contestar con exactitud. Yo no tengo conciencia de deber nada a nadie pero esto no significa que otras personas, o mejor entidades, me consideren una persona cabal y cumplidora en esto de los créditos, porque como veremos a continuación, este mundillo se las trae. Un marasmo de ficheros, informaciones, entidades, y aprovechados pululan alrededor de este asunto que suele ser desconocido para el ciudadano de a pie hasta que se ve inmerso en algo que ni entiende ni comprende. Ese ha sido mi caso esta semana.

Con motivo del alquiler de un coche para las vacaciones, la empresa que me alquila el automóvil me informa que puedo pagar los importes con una tarjeta bancaria de débito, pero adicionalmente es necesaria otra tarjeta bancaria, esta vez de crédito, para cubrir los posibles gastos adicionales que pudieran producirse durante el alquiler, tales como multas o similares. Durante toda mi vida, hipotecas aparte, he tenido la suerte de poder huir de los créditos, ya que he seguido las enseñanzas de mi padre de no meterme en charcos dinerarios si previamente no tenía el dinero ahorrado para afrontarlos, aunque esto signifique que soy un rara avis en el panorama actual, donde estar endeudado hasta las cejas es o que se lleva y te permite disfrutar aquí y ahora de cosas que pagarás en el futuro o ya veremos.

Con uno de los dos bancos con los que trabajo actualmente tengo una relación positiva y sin problemas desde hace más de quince años. En sus inicios me concedieron dos tarjetas, una de débito que es la que utilizo normalmente, y otra de crédito, de esas conocidas como «oro» que tenía un importe máximo, si mal no recuerdo, de cinco mil euros. Dado que no la he utilizado nunca, en algún momento hace años decidí por mi cuenta rebajar el máximo de crédito de cinco mil a seiscientos euros, por si acaso. La verdad es que la empresa de alquiler de coches no especifica cuanto importe máximo de crédito debe tener la tarjeta, pero pensé que podría venir bien el aprovechar la ocasión para subir un poco el crédito hasta mil quinientos o dos mil euros.

Hoy día todo se hace por internet, y más en ese banco al que me estoy refiriendo, INGdirect. Intento la operación por internet y… denegada. La intento por teléfono y… denegada. Me persono en una de las pocas oficinas que este banco tiene abiertas al público y la situación deviene en kafkiana. Mira que voy poco o nada por una oficina bancaria, las tengo pavor. El empleado que me atiende me informa igualmente que… denegada. Le hago ver mi trayectoria como cliente, mi saldo medio a lo largo de los años, mi operativa mensual, etc. etc., pero que si quieres arroz Catalina. No es posible. Fuerzo un poco la situación y le hago ver que esa respuesta me lleva, según mis planteamientos, a cortar de cuajo mi relación con ese banco, no me queda otra alternativa, no me puedo ir con un no por respuesta cuando creo honradamente que mis características de cliente me otorgan la capacidad de elevar el crédito a la cantidad que estoy solicitando. Al final consigo que el empleado, que me ve firme en mis planteamientos, vaya a consultar el tema a su superior, que viene a la mesa e interacciona mediante cuchicheos con el empleado que me atiende. Después de un rato de consultas en la pantalla que yo no veo, me dicen ambos que no, que no es posible, y la causa es que la política del banco no lo autoriza. ¿Quién es el banco? ¿Qué política es esa? Era como hablar a una pared, una pared muy amable eso sí, pero un verdadero frontón. Al final, cuando ya me marchaba, me dice como una confidencia que lo más probable en estos casos es que esté incluido en un fichero de morosos, lo que me deja estupefacto.

A base de consultar en internet he llegado a algunas conclusiones. Ficheros de morosos en España hay varios, controlados por empresas o entidades no precisamente oficiales. En teoría, «desde el momento en el que una persona es incluida en uno de los ficheros de morosos, la empresa que gestiona el fichero que recoge los datos tiene un plazo de 30 días para informar a la persona de su inclusión, a fin de que esta ejerza su derecho de acceso, modificación, rectificación o cancelación de datos». A mí nadie me ha avisado de nada, pero eso no significa que no esté incluido porque ya sabemos cómo «cumplen las obligaciones» las empresas. En teoría también, tengo derecho de acceso para ser informado de si mis datos están incluidos en alguno de esos ficheros. Pero eso, ¿Cómo se hace?, ¿Cuántos ficheros hay?, ¿Qué empresas los gestionan?

Ya estamos en la dinámica de siempre, el oscurantismo total y el proceloso mundo de los derechos y la forma de ejercerlos, que en muchos casos pasa por pasar por taquilla contratando los servicios de un despacho de abogados. De los ficheros a los que mi paciencia me ha llegado a atisbar, diré en justicia que solo a uno de ellos he podido llegar: ASNEF. Siguiendo el protocolo que he podido encontrar en internet, he realizado la consulta y me han respondido que no estoy incluido, pero con unos datos adicionales reveladores: las empresas y fechas que en los últimos meses han consultado mis datos, no estando ING en esa lista, por lo que deduzco que el rechazo al aumento del crédito no ha venido por mi inclusión en ASNEF, pero todavía quedan varios ficheros más, siendo uno de ellos el famoso RAI.

Reconozco que he empleado mucho tiempo sin conseguir una vía de acceso posible al resto de ficheros. Probablemente no haya tenido el suficiente tesón y no haya consultado los sitios pertinentes donde se cuenta cómo hacerlo, si es que existen, que ya empiezo a dudarlo. Lo que sí que se encuentran son numerosas páginas, algunas con apariencia de «oficiales» donde se ofrecen a hacer la consulta y posterior anulación de los registros en los diferentes ficheros si se demuestra que el apunte ha caducado o la deuda está extinta, porque, según comentan, las empresas se «olvidan» con frecuencia de anular el apunte entre otras cosas porque dicha anulación las cuesta dinero, con lo que el apunte permanece los seis años que en teoría tiene como tope para seguir figurando en el fichero. Pero… nada es gratis, con toda lógica.

Aparte de los costes, hay que hacer constar que te piden TODOS tus datos, incluida una fotocopia o imagen del DNI, y no siempre las pasarelas de envío aparecen como seguras o confiables, por lo que se te encienden las alarmas a la hora de facilitar TODOS tus datos, entre ellos los sensibles como el DNI o la cuenta de cargo del recibo. Algunas optan por funcionar a base de teléfonos de pago tipo 807, otras con tarjeta de crédito, PayPal, etc. etc.

Al final he seleccionado un sitio del que he decidido fiarme. He hablado por teléfono con ellos, me han dado confianza, aunque esto puede equivaler a que «me he dejado convencer o engañar» y he iniciado el proceso de consulta con ellos. El coste inicial de la consulta es de 25 euros y me han pedido disculpas por aceptar la imagen de mi DNI a través del correo electrónico, un medio totalmente inseguro, pero nadie, hasta ahora, les había planteado ningún reparo a sus procedimientos. Continuará…


domingo, 21 de mayo de 2017

ALCABALAS



«Hacienda somos todos» rezaba un antiguo eslogan que intentaba concienciar a todos los ciudadanos para que cumpliéramos escrupulosamente nuestras obligaciones con el erario público. Los años han ido pasando y diversas actuaciones de algunos próceres que se suponen debieran dar ejemplo con su comportamiento han ido convenciendo a todos que no somos iguales a la hora de pasar por taquilla y que cada cual se organiza como puede ajustando su código ético personal a su deambular económico. La corrupción está a la orden del día en nuestro país, por más que se empeñen en negarlo por activa, por pasiva y por plasma, y continuamente asistimos a actuaciones que pudieran ser correctas pero no éticas y que a buen seguro suponen la punta del iceberg de otro montón que no llegan a ser conocidas por el público.

No hay mejor defensa que un buen ataque y en ello se basaba el comentario de un político realizado días atrás cuando esgrimía el asunto de los pagos en negro, sin facturas de por medio, y por tanto escamoteando el IVA al erario público y por añadidura a todos los españoles que ven cómo se reduce el estado del bienestar sobre todo en temas de sanidad y de educación. Como se decía en uno de los eslóganes del diluido movimiento 15-M, «no hay pan para tanto chorizo».

Con ejemplos se entiende esto mejor. El esgrimido por el político aludido hacía referencia a los trabajos, vulgo «chapuzas», que profesionales nos hacen en nuestros domicilios; un fontanero que nos revisa la caldera de la calefacción o un pintor que nos adecenta la casa tras varios años. Pongamos por caso y para hacer números redondos que el montante de los trabajos realizados asciende a cien euros. ¿Con factura o sin factura? Si queremos factura, por aquello de garantías o posibles denuncias, estamos automáticamente asumiendo que disponer del papelito nos va a costar veintiún euros más que escaparán de nuestro bolsillo y nunca más se supo. Lo único bueno de esta acción será que de alguna manera estamos posiblemente obligando al profesional a declarar esta cantidad como ingreso en sus entendimientos con Hacienda. La alternativa, sin factura, es que nos ahorramos directamente esos veintiún euros que nunca vienen mal en las apretadas economías que sobrellevamos en estos últimos años.

Pero no solo ocurre esto en chapuzas caseras. Cuando tomamos un aperitivo en el bar, también estamos abonando impuestos por esa cerveza o vinito, impuestos que «no constan» y que son añadidos a los que ya pagamos por otros conductos. En algunos bares te dan un ticket en que al menos figuran los datos del establecimiento y el IVA que te están aplicando, pero en muchos de ellos, el camarero te lo canta a viva voz y santas pascuas, si te he visto no me acuerdo. En este último caso… ¿Cómo sabe Hacienda el número de cervezas y vinos que han despachado?

Lo primero que hago, cuando me levanto por la mañana, es mirar por la ventana a ver qué día hace —esto no tiene gravamen— y a continuación tomar un vaso de agua con el zumo de un limón y una cucharada de miel. Agua, limón y miel están gravados con el correspondiente IVA, así como la luz que empleamos en nuestra máquina de afeitar, nuestra pasta de dientes o el champú y el agua de la ducha. No sigamos por ahí, porque salvo el respirar —de momento—, por todo lo que usemos estamos aflojando el bolsillo.

Otro gallo nos cantaría si tuviéramos la posibilidad, en nuestra anual Declaración de la Renta, de adjuntar todos los tickets y facturas que hubiéramos satisfecho de forma que pudiéramos deducirnos la montonera de impuestos que minuto a minuto, día tras día, vamos pagando. Y por añadidura, y esto es lo más importante, Hacienda tendría constancia de los cobros de todos con lo cual podría cerrar el círculo de todas las transacciones que se realizan, hasta la de los aperitivos en el bar o la compra en el supermercado. Hacienda lleva años demostrando que tiene capacidad informática para manejar esto, pero otra cosa es que a ciertos estamentos sociales les interese esta forma de manejar los impuestos. Es mejor sacarlos de los combustibles o de otros sitios y no preocuparse mucho de adaptar a los nuevos tiempos un sistema tributario que hace aguas se le mire por donde se le mire.

La denominada «España profunda» sigue vivita y coleando. Hace unos años, en la entrada «PROFUNDA» de octubre de 2013 relataba un caso similar al que voy a relatar a continuación. Han pasado cuatro años y la vida sigue igual. En aquella ocasión era una localidad abulense y ahora es alcarreña. Vea Vd. el «papel» —no puedo denominarlo de otra manera— en el que nos mostraron la cuenta de la comida en un restaurante, no precisamente una tasca de pueblo a tenor de los precios, en los que el montante por persona ascendió a treinta y cinco euros. Guardo electrónicamente los tiques y facturas de los sitios por los que voy pasando y en este caso he tenido que añadir a mano el nombre del restaurante y el lugar porque no figuran por ningún lado. Lo único válido es la fecha y ni siquiera el nombre del camarero que nos atendió. Nada, un papelucho de mala muerte, un «comprobante», sin ningún tipo de identificación, ni de IVA, ni nada de nada. ¿Debería haber sido yo un ciudadano comprometido y exigir al restaurante una factura en condiciones y arriesgarme a montar un numerito? Y otra pregunta de más calado, ¿Pagará este restaurante la correspondiente alcabala a Hacienda por esta transacción? Respóndase Vd. mismo.


domingo, 14 de mayo de 2017

COCINEROS




Dado que son ya casi 10 años de escribir semanalmente mis cuitas en este blog que algunos temas son recurrentes, aunque siempre hay alguna cosilla que sorprende, para hacer de menos aquella famosa frase de «nihil novum sub sole» o lo que es lo mismo traducido «nada nuevo bajo el sol» atribuida a Salomón. Más recientemente se ha acuñado aquella de «dejà vu» que transita por similares derroteros. En enero de 2011 escribía la entrada «OBSOLESCENCIA» que sigue plenamente vigente, corregida y aumentada; he aprovechado para ver de nuevo el magnífico documental al que se hacía referencia y que sigue disponible en la página web de RTVE. Recomiendo su visionado de nuevo. Por cierto, el frigorífico al que aludía en esa entrada sigue plenamente operativo seis años después habiendo cumplido los veinticinco.

Otra entrada, más reciente, de septiembre del pasado año 2016, titulada «PISAPAPELES» trataba un tema similar en relación con mi teléfono inteligente, que no se debe decir «smartphone» según la FUNDEU. Comprado en diciembre de 2012 y con casi cuatro años y medio de funcionamiento a mi entera satisfacción, ha sido literalmente abandonado por el fabricante, Samsung, que ha dejado de tenerle en sus oraciones y por tanto de mandar actualizaciones de su software, Android, que quedó varado en la versión 4.4.2. Recientemente Google ha anunciado la versión 8 de Android con el apodo de «Oreo». En estos cachivaches electrónicos, ordenadores al fin y al cabo o hardware, el sistema operativo sufre continuas actualizaciones y mejoras que son aprovechadas por las aplicaciones de forma que se establece un lazo que acaba por asfixiar al propietario que se ve impelido a adquirir un modelo nuevo teniendo que desechar un aparato que funciona perfectamente. Aprovecho para decir que las palabras software y hardware, en cursiva, figuran como tales en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Por diversas circunstancias personales y profesionales, han ido pasando los meses sin poder acometer el cambio que sacase del ostracismo mi terminal y lo pusiera al día en cuanto a la versión de Android que corre en sus circuitos. Nunca se está a la última y una posibilidad hubiera sido esperar a que estuviera disponible la anunciada versión 8 pero entonces entraríamos en el cuento de nunca acabar, por lo que he optado por instalar la versión actual, denominada Nougat, 7.1.1 que está bastante asentada.

Todo es cuestión de ponerse a ello con tesón y mucha paciencia, utilizando la abundante información que nos proporciona internet, aunque no siempre es fiable, por lo que es interesante leer mucho y contrastar opiniones antes de ponerse manos a la obra en cualquier iniciativa. Lo primero que hay que hacer es tomar el control de nuestro teléfono, una operación que en este mundillo se conoce como «rootear» o «hacerse root» de forma que podamos realizar cualquier tipo de operación de actualización sin ningún impedimento. Hay muchas maneras de hacerlo, en el propio teléfono, desde el ordenador o con app’s, de forma que lo interesante es ver y ver vídeos tutoriales en Youtube con las  numerosas opciones y decidirse por alguna de ellas.

Tras ello, hay que instalar en nuestro teléfono un manejador de ROM’s. Aprovecho para hacer una comparativa que quizá no sea muy acertada pero que se entienda: una ROM será a nuestro teléfono como un Windows o un Linux a nuestro ordenador, el programa principal o sistema operativo que tomará control al arrancar y gobernará el funcionamiento básico del aparato y de todas las aplicaciones y/o programas instalados. Tras ello, tendremos que instalar un RECOVERY, programa o app especializado que nos permitirá sacar copias de seguridad de nuestro teléfono e instalar las ROM’s seleccionadas. Todas estas operaciones las podemos realizar sin afectar al funcionamiento del aparato y son la base para poder acometer la operación fundamental: sustitución de la ROM, momento en el que habremos abandonado el paraguas del fabricante e iniciaremos nuestra andadura solos y sin protección. Si hemos hecho bien las cosas y hemos obtenido la correspondiente copia o backup, siempre tendremos, al menos teóricamente, la opción de volver atrás y dejarlo todo como estaba.

«Cocineros» es el apelativo con el que se conoce a aquellos programadores que se dedican a generar ROM’s tomando como base el sistema operativo Android «en limpio» suministrado por Google y añadiendo capas para controlar y hacer funcionar los diferentes modelos de teléfonos que circulan por el mundo. Casi todos son susceptibles de tomar este camino de independizarse, aunque pocos usuarios se meten en estos berenjenales, bien porque realmente no lo necesitan y se conforman con lo que tenga a bien decidir la casa fabricante bien porque no tienen conocimientos y no quieren perder o emplear tiempo en adquirirlos.

Yo me resistía a seguir varado en una versión antigua de Android por lo que he tirado para adelante y tras consultar, valorar y sopesar los pros y los contras, me he decido por instalar la ROMLineageOs en su versión 14.1, no oficial pero operativa para mi Galaxy Note II GT-N7100 y que contiene Android 7.1.1 Nougat. Tras tres días de uso y con algunas pegas por comparativa con el funcionamiento anterior, estoy doblemente satisfecho por haber puesto mi teléfono al día y haber abandonado la teórica protección de un fabricante que me quiere pero no con ese aparato sino para que compre uno nuevo. Como decían en la antigua Roma… «Larga vida al Samsung Galaxy Note II».




domingo, 7 de mayo de 2017

RENOVACIÓN




La cosa debe de venir por andanadas. Los seguidores habituales del blog habrán constatado que llevo una temporada teniendo que luchar con «TRÁMITES» y papeleos más o menos oficiales. Cada cierto número de años hay que renovar ciertos documentos y esta semana le ha tocado a los certificados digitales, una pieza de software muy valiosa y que familiarmente usamos con profusión en nuestras relaciones con estamentos oficiales, como Hacienda, Seguridad Social, Catastro y algún otro. Cuando te acostumbras a unas formas de trabajo digamos avanzadas, es muy difícil volver atrás.

Hay varias clases de certificados digitales oficiales, pero los dos principales a mi juicio son los de la F.N.M.T., Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el embebido en el chip del DNI electrónico del que venimos disponiendo los españoles desde hace algunos años y que últimamente ha sido mejorado en lo que se ha denominado DNI electrónico versión 3.0.

Por facilidad y comodidad de uso, no exenta de peligro si no se tienen en cuenta ciertos cuidados y recomendaciones, utilizo el de la FNMT. Para su obtención inicial hay que seguir unos sencillos pasos, que incluyen una visita física de la persona a un centro de verificación personal, como pueden ser oficinas de Hacienda o de la Seguridad Social y con ello se dispondrá de un sistema de identificación personal electrónica que funciona mediante su carga en un navegador de internet, de forma que podamos acreditarnos ante organismos oficiales y obtener documentos y certificados válidos en unos instantes y desde nuestra casa. A modo de ejemplo, yo obtengo mensualmente tanto de la Agencia Tributaria como de la Seguridad Social un certificado de estar al corriente de mis obligaciones tributarias que me es necesario para el cobro de facturas en las empresas en las que colaboro. En la Seguridad Social, por poner un ejemplo adicional, podemos obtener un certificado de nuestra vida laboral y de nuestras cotizaciones efectivamente realizadas en los últimos años.

Estos certificados electrónicos tienen que ser renovados en los dos meses anteriores a su vencimiento. Era una operación que ya había realizado sin problemas años anteriores, pero en esta ocasión ha sido un pequeño calvario que relataré a continuación. Posicionado en la página web de la FNMT para proceder a la renovación, utilizando un navegador de los aceptados, Mozilla Firefox, y verificados todos los requisitos que allí se mencionan, la operación solicitada no se puede realizar:

La operación solicitada no se puede realizar:

Lamentamos no poder procesar su solicitud con el certificado seleccionado ya que éste fue obtenido por medios que no requirieron de su acreditación física en una oficina de Registro (Art. 13 - Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica). Si no dispone de otro certificado de los admitidos con el que acreditar su identidad, siempre podrá obtener su certificado siguiendo el procedimiento habitual en nuestra sede electrónica

No entiendo bien el mensaje porque yo ya hice en su día el trámite de mi acreditación física la primera vez que obtuve el certificado. Indago un poco en la ayuda de la FNMT y obtengo la siguiente aclaración

Error: La operación solicitada no se puede realizar

Si al intentar renovar su certificado de persona física le aparece el siguiente mensaje:

"La operación solicitada no se puede realizar: Lamentamos no poder procesar su solicitud con el certificado seleccionado ya que este fue obtenido por medios que no requirieron de su acreditación en una oficina de registro (Art. 13 - Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica). Si no dispone de otro certificado de los admitidos con el que acreditar su identidad, siempre podrá obtener su certificado siguiendo el procedimiento habitual en nuestra sede electrónica."

Esto es debido a que está intentando renovar un certificado que ya proviene de una renovación online anterior, con lo cual no tuvo que desplazarse a una oficina de registro a identificarse. En la actualidad la ley establece que hay que identificarse presencialmente en una oficina de registro cada 5 años, con lo que solo se permite una renovación.

Parece que las cosas han cambiado desde la última renovación hace unos años y ahora hay un máximo de cinco años de uso del certificado sin realizar una acreditación personal en una oficina.

Bueno, no hay problema, me dirijo a una oficina de Hacienda y la primera en la frente: No se puede acudir sin cita previa. Obtengo la cita previa y vuelvo otro día, pero cuando estoy ante la funcionaria encargada me dice que necesita un número facilitado por la FNMT para proceder con el trámite. Le hago ver que no tengo número, que se trata de una renovación y que en la página web habla de mi presencia física en una oficina de acreditación, pero no se habla para nada de un número en el caso de las renovaciones, cuestión que sí es preceptiva en la petición de un certificado por primera vez. No hay manera de desbloquear la situación y me tengo que marchar sin poder resolver nada.

Tras mirar y remirar en la página web, me decido a tirar de teléfono para elevar una consulta al teléfono de ayuda que figura en la página. Pensando que iba a ser un calvario, me llevé una grata sorpresa cuando fui amable y profesionalmente atendido en mi consulta. Resulta que la renovación, cuando se da el caso de haber transcurrido más de cinco años desde la última acreditación presencial, es una figura que no existe. Lo que hay que hacer es solicitar el certificado como si fuera la primera vez, con lo que así si se obtiene el famoso numerito que te solicitan en la oficina presencial. Muestro mi extrañeza y el amable comunicante me dice que la obtención de un certificado «nuevo» para una persona física anula automáticamente los anteriores y que ese es el procedimiento que hay que seguir.

Y digo yo: ¿No podía aclarar esto en el proceso de renovación de modo que se ahorre tiempo en consultas, idas y venidas? ¿Cuántas personas estarán pasando por esta pérdida de tiempo?